Un estudio encabezado por investigadores del INHUS analizó la percepción de la seguridad en residentes de General Pueyrredon

El Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS, CONICET–UNMDP) y la Red Mar del Plata Entre Todos (MDPET) realizaron durante abril y junio de 2026 una Encuesta de Percepción de Seguridad en General Pueyrredón. El informe resultante, elaborado por Federico Lorenc Valcarce, Lucía Rizzalli, Adriano Furlan y Gonzalo Lohiol, busca ofrecer información actualizada sobre distintas dimensiones de la seguridad que no pueden ser observadas únicamente a partir de los registros policiales y judiciales.

¿Es distinta la percepción de inseguridad de quienes sufrieron experiencias personales con el delito y quienes no? ¿Influye en la confianza que se tiene en las fuerzas de seguridad o la justicia? ¿Incide en la preferencia de opinión sobre aplicar políticas de endurecimiento penal o prevención social? ¿Cómo varían estas dimensiones según la zona en la que se reside?

La Encuesta reunió 1.470 respuestas de residentes mayores de 18 años del Partido de General de Pueyrredon a través del instrumento se relevaron experiencias personales de delito, percepción de inseguridad, prácticas de autoprotección, situaciones de conflicto reconocidas en el entorno residencial, confianza en las instituciones, evaluación del desempeño policial y preferencias sobre las respuestas públicas frente al problema. Estas dimensiones se analizaron por separado, “porque haber sido víctima de un delito, sentirse inseguro, modificar actividades cotidianas, reconocer situaciones conflictivas en el barrio o evaluar negativamente a las instituciones son fenómenos relacionados, pero no equivalentes” precisa Lorenc Valcarce.

El análisis, entonces, aborda estas experiencias de victimización, inseguridad subjetiva, cambios en la vida cotidiana, conflictividad barrial, evaluación de las instituciones y preferencias sobre políticas de seguridad, que fueron sintetizadas en cuatro grandes ejes y, para facilitar su análisis y comparación, mediante la elaboración de cuatro índices: el Índice de Percepción de Seguridad (IPS), el Índice de Conflicto Barrial (ICB), la Evaluación Negativa del Desempeño Policial (ENP) y el Balance entre Orientación Punitiva y Prevención Social (BOPPS).

Por último, el informe incorpora una lectura territorial. Utiliza once zonas de General Pueyrredón y vincula su delimitación con radios del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Esto permitió caracterizar cada territorio mediante indicadores de edad, educación, desocupación, necesidades básicas insatisfechas, conectividad y densidad, y poner esa información en relación con los resultados de la encuesta.      .

Victimización e inseguridad subjetiva

“La inseguridad no consiste solamente en una preocupación generalizada por el delito: se encuentra espacialmente situada y aumenta especialmente en los espacios públicos de circulación, permanencia y espera”, señala Lorenc Valcarce.

El 44,4 por ciento  de las personas participantes en la encuesta declaró haber sufrido durante el año anterior al menos uno de cuatro hechos considerados en el estudio: robo con violencia, robo sin violencia o hurto, lesiones o amenazas. Los robos y hurtos alcanzan conjuntamente al 35,6 por ciento y las lesiones o amenazas al 20,4 por ciento. El robo sin violencia o hurto es la modalidad individual más frecuente, con 27,6 por ciento; le siguen el robo con violencia, con 18,4 por ciento, las amenazas, con 17,1 por ciento y las lesiones, con 7,8 por ciento. Entre quienes padecieron al menos uno de esos hechos, el 46,7 por ciento      declaró haber puesto alguno en conocimiento de la policía.

Respecto a la percepción subjetiva de inseguridad, aparece aún más extendida que las experiencias de victimización. El 96,5 por ciento considera que la inseguridad constituye un problema grave o muy grave en la ciudad y el 88,8 por ciento  sostiene que la delincuencia aumentó respecto del año anterior. Pero el estudio muestra también que la sensación concreta de inseguridad cambia considerablemente según el espacio y la situación, en un gradiente que va creciendo de la propia vivienda a los espacios comunes: 53,7 por ciento se siente inseguro o muy inseguro al permanecer solo o sola de noche en su vivienda, 77,5 por ciento al caminar cerca del domicilio, 87,1 por ciento en plazas o parques y 88,8 por ciento en paradas de colectivo. Para sintetizar esta dimensión se elaboró un Índice de Percepción de Seguridad (IPS), que integra esas cuatro situaciones en una escala de 0 a 1, donde los valores mayores indican mayor inseguridad. La media ponderada fue de 0,692.

                .

Una de las conclusiones más importantes del informe surge de este análisis y es que la experiencia reciente de victimización es el factor que realiza el mayor aporte propio al IPS entre los bloques considerados en los modelos. Una vez controladas las características sociodemográficas, familiares, residenciales y territoriales, quienes sufrieron algún delito presentan niveles más altos de inseguridad percibida. El vínculo es particularmente claro para el robo con violencia y para situaciones como caminar cerca de la vivienda o permanecer solo de noche en el hogar.

La lectura territorial agrega otra dimensión. El IPS medio se extiende desde 0,514 en la Zona 10 hasta 0,771 en la Zona 4. El mapa correspondiente muestra valores altos principalmente en las zonas 2, 3, 4 y 5, de carácter predominantemente urbano y denso, mientras que las zonas 10 y 11 se sitúan en el polo bajo. Sin embargo, esa distribución no puede reducirse simplemente a la densidad ni a la desigualdad social: la Zona 1, la más densa del partido, presenta un IPS relativamente bajo.

La conflictividad barrial muestra una fuerte dimensión territorial

Otra dimensión analizada fue la presencia de situaciones de conflicto y violencia que las personas reconocen en sus barrios. El 82,3 por ciento  identifica consumo de drogas en la calle, el 75,0 por ciento riñas o peleas y el 51,1 por ciento disparos frecuentes. Estas respuestas expresan percepciones de los residentes sobre su entorno y no registros administrativos de los hechos (denuncias). El 45,7 por ciento de los casos con información completa reconoce las tres situaciones, mientras que otro  43 por ciento reconoce una o dos. Sintetizando estas tres dimensiones se construyó el Índice de Conflicto Barrial (ICB).

El ICB es, entre los indicadores sintéticos estudiados, el que mostró la mayor diferenciación territorial. En este aspecto, la incorporación de la zona de residencia aporta considerablemente más información al análisis del ICB que al de otros índices.  Los valores medios por zona se extiendieron  desde 0,596 en la Zona 10 hasta 0,976 en la Zona 4. El mapa del índice identifica como polo alto a las zonas 4, 5, 6, 7 y 8, mientras que las zonas 1, 10 y 11 se ubican en el polo bajo. Las zonas de mayor ICB tienen, en conjunto, poblaciones más jóvenes, menos años de escolarización, menor proporción de educación superior completa y mayor desocupación.

 Una evaluación crítica del desempeño policial

En lo referido al nivel de confianza en el desempeño de las instituciones de seguridad, la encuesta distingue entre confianza general en las instituciones de la evaluación de una función específica. Las fuerzas federales son las únicas instituciones relevadas que alcanzan una mayoría de confianza, con 55,1 por ciento. Luego siguen la Patrulla Municipal con un nivel de confianza de 25,5 por ciento, la Policía Bonaerense con el 20,4 por ciento y el Poder Judicial con 16,5 por ciento.

Cuando se pregunta específicamente por la capacidad de la Policía Bonaerense para controlar el delito en la zona de residencia, el diagnóstico es particularmente crítico: 79,0 por ciento      califica su desempeño como malo o muy malo, frente a 16,5 por ciento      que lo considera bueno o muy bueno. A partir de esta pregunta se construyó la Evaluación Negativa del Desempeño Policial (ENP), expresada en una escala de 0 a 1, con una media ponderada de 0,738.

Confianza y evaluación del desempeño están relacionadas, pero no son equivalentes, sostienen los especialistas.

Incluso entre quienes manifiestan confianza en la Policía Bonaerense, una parte importante evalúa negativamente su actuación en el control del delito. El mapa de la ENP muestra además que la crítica institucional, aunque ampliamente extendida, no es territorialmente uniforme. Las zonas 3, 8 y 10 presentan las evaluaciones más negativas y las zonas 2, 4 y 11 se encuentran en el polo comparativamente menos negativo.

“La victimización reciente agrega una diferencia propia a esta evaluación, la ENP es más negativa entre quienes sufrieron alguno de los cuatro delitos relevados. Ese vínculo es más claro para el robo con violencia y las amenazas”, añade Lorenc      Valcarce.

Las preferencias de política no se reducen a un eje punitivo

El estudio preguntó también cuál debería ser la medida indispensable para enfrentar la inseguridad, obligando a seleccionar una única alternativa con el objetivo de evitar las respuestas múltiples y medir la intensidad en las respuestas destacadas como principal medida. Los resultados no muestran una solución dominante. Agrupadas en familias conceptuales, la prevención social y reducción de desigualdades reúne 28,4 por ciento de las respuestas; el endurecimiento penal, 27,4 por ciento; las reformas institucionales y mejora de la gestión pública, 20,0 por ciento; y el fortalecimiento policial y el control territorial, 15,7 por ciento. Que el aumento de la presencia policial no sea la respuesta más frecuente en esta encuesta, y que respuestas punitivas y preventivas estén casi equilibradas merece una atención especial, observan desde el grupo de investigación.

Para sintetizar específicamente la oposición entre las dos primeras orientaciones se construyó el Balance entre Orientación Punitiva y Prevención Social (BOPPS). El índice asigna valores positivos a las respuestas explícitamente punitivas, negativos a las social-preventivas y cero a las restantes alternativas. Su promedio general es −0,010: una posición prácticamente equilibrada, con una diferencia de apenas un punto porcentual hacia el polo de la prevención social.

Además, en este análisis parece que haber sufrido un delito no determina por sí mismo las preferencias de política. La victimización desplaza moderadamente el BOPPS hacia el polo punitivo, pero el efecto es pequeño una vez consideradas otras características. Más específicamente, la diferencia se produce principalmente porque quienes registraron victimización eligen con menor frecuencia alternativas de prevención social y no porque aumente en una magnitud equivalente la elección del endurecimiento penal. Sin embargo,  la ocupación aparece como el principal factor social de diferenciación de estas preferencias y   la distribución territorial introduce también algunos matices: el BOPPS varía desde −0,166 en la Zona 10, el extremo más social-preventivo, hasta +0,200 en la Zona 4, el más punitivo.

Este resultado permite precisar una de las conclusiones generales del estudio. La experiencia de victimización se relaciona claramente con la percepción de inseguridad y con modificaciones de la vida cotidiana; mantiene una relación más selectiva con la evaluación policial y posee un vínculo mucho más débil con las orientaciones de política pública. La  experiencia del delito, la inseguridad subjetiva, la evaluación institucional y las preferencias políticas no forman una única secuencia automática.

Una lectura social y territorial de la seguridad

Los mapas muestran que no existe una única geografía de la seguridad. La victimización presenta diferencias entre zonas, pero no sigue un gradiente socioeconómico uniforme. El IPS tiene una configuración predominantemente urbana; el ICB presenta la estructuración socio-territorial más definida: los valores altos se concentran principalmente en zonas más jóvenes, con menor escolarización y menor proporción de población con educación superior completa, y con mayor desocupación; la evaluación policial negativa combina territorios de características diferentes; y el BOPPS exhibe posiciones territoriales distintas sin constituir una polarización social estable. Esta heterogeneidad es precisamente una de las razones para mantener separadas las distintas dimensiones analizadas.

Para los autores, el estudio muestra también la importancia de combinar distintas fuentes de información. Las estadísticas policiales y judiciales permiten conocer los hechos que ingresan al sistema institucional, mientras que las encuestas permiten estudiar experiencias no denunciadas, percepciones, comportamientos, evaluaciones institucionales y preferencias que esos registros no captan. La repetición periódica de este tipo de relevamientos permitiría también distinguir continuidades y transformaciones y construir una base acumulativa de conocimiento sobre la seguridad en General Pueyrredón.